Luis Vicente León / El Universal
Tienen razón quienes indican que el Referendo Revocatorio es un derecho constitucional que el gobierno está obligado a cumplir, sin negociación y sin guerra. En un país democrático, eso ocurriría así. Pero este análisis teórico, bonito y reconfortante, hace cortocircuito con la realidad venezolana cuando las instituciones que pueden abrir la puerta al referéndum y permitir que deje de ser energía potencial (el derecho) para ser energía cinética (la acción) están tomadas por el gobierno y responden más a la revolución que a la Constitución. En este caso, hablar del derecho al referendo es importante para justificar su legitimidad y las acciones para defender el derecho, pero es inútil como instrumento directo para lograrlo. La batalla por ejercer ese derecho ya no es jurídica. Es una batalla política y la posibilidad de ganar no depende sólo de tener o no la razón, sino de conseguir quien te la dé. De tener la capacidad de presionar políticamente a que se cumpla ese derecho.
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