Marianella Salazar / El Nacional
Desde su creación, el pasado 10 de febrero de este año, la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), adscrita al Ministerio de la Defensa, tiene el monopolio de la explotación minera sin limitación ni control alguno, algo que profundiza aún más la corrupción y la depredación de nuestros recursos. Llama la atención que una ficha “revolucionaria” como el mayor general Clíver Alcalá Cordones –incluido en la lista de narcotraficantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, septiembre 2011–, ex comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) de Guayana, afirmara que el Estado perdió el control del sector minero y que “no hay voluntad política de acabar con las mafias de traficantes de oro porque no hay ejercicio del poder, pues cuando se ejerce se hace de manera limitada” y para más INRI añadió: “Que con la explotación del arco minero se está enriqueciendo un pequeño grupo y ese trabajo es responsable del daño ambiental que impacta al país”. ¿Cuál será el trasfondo de esas denuncias?, ¿a quién se dirigen? ahora que los militares pueden ser petroleros y mineros, ¿acaso lo dejaron al margen de algún negocio?
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