PEDRO A. PALMA / EL NACIONAL
Una de las razones que ha aducido el gobierno venezolano para justificar el cierre de la frontera con Colombia es eliminar la desviación masiva de productos venezolanos hacia el vecino país, lo cual genera escasez y desabastecimiento en los mercados locales y presiones alcistas de los precios internos. De allí que sea válido que nos preguntemos si esa acción realmente va a eliminar el llamado contrabando de extracción de lo que aquí se produce hacia Colombia, o no. Realmente, no lo creo. Lo que siempre se ha producido en esa frontera, particularmente en el Táchira, es un proceso de arbitraje, según el cual los habitantes de ambos lados de la zona se preguntan dónde conviene más adquirir los productos requeridos para satisfacer sus necesidades, y la respuesta es simple: donde tengan menor precio. Dado que en nuestro país el gobierno insiste en regalar la gasolina, en otorgar subsidios desproporcionados, o en imponer precios que ni siquiera cubren los costos de producción y distribución de múltiples productos de consumo masivo, los precios de venta de muchos de esos artículos son artificialmente bajos y muy inferiores a los existentes al otro lado de la frontera, haciendo que aquel planteamiento de arbitraje sea obvio: comprar los productos en Venezuela para satisfacer las necesidades de los consumidores, o para revenderlos a un precio mucho mayor en el lado colombiano.
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