Carlos Blanco / El Nacional
A comienzos de 2014 convergieron tres procesos sin relación causal explícita, pero engranados en el drama venezolano: el deterioro masivo de la calidad de vida de los ciudadanos de menores ingresos; el llamado de María Corina Machado, Leopoldo López, Antonio Ledezma, Gabriel Puerta Aponte, los diputados de “la Movida Parlamentaria” y otros dirigentes, a discutir en asambleas de ciudadanos los métodos constitucionales para producir “la salida” de Maduro (renuncia, asamblea constituyente, elecciones adelantadas, etc.); y la protesta estudiantil iniciada en la región andina, que tuvo un momento estelar el 12 de febrero con la manifestación convocada por Juan Requesens, presidente de la Federación de Centros de la UCV, y la dirección estudiantil en Caracas y que culminó en la Fiscalía General, luego de lo cual se produjeron, a manos de los cuerpos policiales, los asesinatos del estudiante Bassil Dacosta y del activista chavista Juancho Montoya, hechos que contribuyeron a la extensión de la rebelión estudiantil por todo el país. Estos factores se alinearon, retroalimentaron y produjeron una protesta nacional sin precedentes, así como mostraron que el régimen estaba dispuesto a la represión más despiadada, con un desenlace de 43 asesinados, miles de presos, torturados, perseguidos y hostigados.
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