Por Adolfo P. Salgueiro /El Nacional
Imagínese usted a un ministro del gobierno español o del norteamericano o de cualquier otro que sin aviso previo alguno se presentara en Caracas o Maracaibo, en un avión gubernamental o de Repsol o Exxon, con el objeto de suscribir un acuerdo con Súmate, muy legítimo –pero de poco agrado para el gobierno– por el cual se destinen fondos, ayuda técnica o logística o de capacitación para la optimización de los controles en un venidero proceso electoral venezolano. Tal operativo –aun cuando tal vez no necesariamente ilegal– no sería aceptable por nuestro gobierno siempre tan celoso de su interpretación de lo que es la soberanía, la no injerencia en los asuntos internos etc., etc. Ejemplos de ello hemos vivido suficientes
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